Por Pupina Plomer

Durante la última dictadura militar el miedo fue usado como una estrategia política de disciplinamiento social y de dominación política. En especial el miedo, el terror, el pavor de desaparecer en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Un centro como fue la ex D2 y el espacio donde hoy funciona el Archivo Provincial de la Memoria.

Uno de los objetivos de la última dictadura militar, que ocurrió de 1976 a 1983, fue el de recuperar la obediencia de quienes desconocían su autoridad política, autoridad que fue tomada a la fuerza.

Así, los militares definieron a sus potenciales enemigos de forma muy amplia: organizaciones guerrilleras, sindicalistas, dirigentes gremiales, sacerdotes, intelectuales, estudiantes, artistas, y podemos seguir. De esta forma el disciplinamiento social y económico era una condición necesaria para conformar nuevos sujetos políticos, basándose en la cultura del miedo.

Pero acá en Córdoba esto empezó antes, en los años previos al golpe militar. En febrero del 74 el jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, el teniente coronel Antonio Navarro, se levantó contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y su vice Atilio López, en un hecho conocido como “el navarrazo”. En respuesta a esto, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó en sus dos cámaras un proyecto de intervención federal a la provincia de Córdoba. 

Desde septiembre del 74, la época del interventor federal Brigadier Raúl Lacabanne, ya se organizó la represión ilegal y la violencia estatal a través de grupos parapoliciales organizados desde el mismo Estado.

Tiempos de “limpieza ideológica”

Durante un año, que fue lo que duró su intervención, se llevó adelante una “limpieza ideológica” del gobierno provincial, que consistió en eliminar a los “enemigos infiltrados” no sólo en la administración, sino también en el resto de las instituciones políticas y representativas de la sociedad cordobesa, como partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, y demás.

Para Lacabanne, el conflicto político debía resolverse según la lógica “enemigo-amigo”: la supervivencia de uno implicaba la eliminación física del otro. Fue por esto que se ideó un plan sistemático de represión política que acabara con el enemigo interno y también difundiera terror en la sociedad.

Esta política, más vinculada a las prácticas llevadas a cabo por la dictadura militar a partir de 1976, tuvo su aplicación anticipada en nuestra provincia, por lo cual cuando se inició el golpe acá muchas prácticas ya tenían arraigo en los círculos de poder.

En el caso puntual de Córdoba esto significó un diseño represivo que combinó centros clandestinos de detención y tortura, y además una red de puntos de apoyo en toda la provincia. La metodología represiva fue principalmente clandestina e ilegal, centralizada en los mandos militares y con participación de otras fuerzas como la policía.

Al ser un sistema clandestino e ilegal, en general las respuestas oficiales ante los reclamos no eran escuchadas y se negaba la condición de desaparecidas de las personas. Sólo se reconocía a los presos “legales”, muchos de los cuales antes habían pasado por centros clandestinos.

Y así, en ese contexto, es que llegamos a lo que hoy es el Archivo Provincial de la Memoria, pero que en ese momento era  el “D2”, nombre con el que coloquialmente se llamaba al Departamento número dos de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba. El lugar donde funcionó era un edificio ubicado al lado del Cabildo de la ciudad de Córdoba, con mucha historia desde su fundación.

En el pasaje Santa Catalina

En su origen eran dos casonas al lado del Cabildo histórico de la ciudad de Córdoba, en el pasaje Santa Catalina que se hizo en 1577 con el trazado de la ciudad y apareció como un error en la cuadrícula. Desde aquel momento se caracterizó por tener desde su inicio un estigma de dolor y muerte, y fue nombrado como Pasaje de los reos, Pasaje de la muerte o Pasaje Cuzco, por haber sido el lugar donde eran azotados los reos indígenas o afrodescendientes durante la época colonial.

Más adelante, a ambos lados del Pasaje, se construyeron el Cabildo y la Catedral, todo a menos de cincuenta metros de la Plaza principal de la ciudad, rodeado de iglesias. 

Desde principios de la década del 70 comenzó a funcionar ahí el D2, división especial dedicada a la persecución y el espionaje político que luego fue un engranaje central en la instauración de terrorismo de Estado en la provincia. A mediados de 1977 el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba fue trasladado a la comisaría décima, y desde 1978 tuvo como sede la casona ubicada en la esquina de Mariano Moreno y Caseros donde también era el lugar donde los ex detenidos políticos debían firmar la “Libertad Vigilada”.

Pero en el edificio contiguo al Cabildo, en la ahora llamada “ex D2”, funcionó un centro clantestino de detención y tortura de personas desde el 76 hasta el 83. El “D2” era el lugar donde se llevaba a las personas ni bien se las detenían, y quedaban ahí en calidad de desaparecidas mientras se las interrogaba bajo tortura con el fin de obtener información.

Era un lugar “de paso” para las y los detenidos, no se quedaban mucho tiempo ahí, y luego de su estadía eran trasladados a cárceles u otros centros clandestinos de detención. A diferencia de otras unidades de reclusión ilegal, operaba a la vista de todos, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Ante esto en enero de 1976 se conformó una Comisión Provisoria de Familiares de Desaparecidos por el avance de las desapariciones ocurrido desde finales del 75 que intentó en vano realizar una marcha del silencio y exigir la aparición con vida de los mismos.

Después del golpe, estos espacios fueron igualmente perseguidos y varios familiares sufrieron la misma represión que sus hijos e hijas, debiendo desarrollar encuentros y tareas de contención la mayoría de las veces de forma semiclandestina.

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A pesar de esto comenzaron a organizar encuentros y aceitar vínculos con las organizaciones que se iban formando en Buenos Aires, buscando reunir información y sacarla de la provincia para darla a conocer, en un contexto local muy desfavorable pues no obtuvieron apoyos iniciales ni de los principales líderes políticos ni la de la jerarquía de la Iglesia, salvo en casos muy concretos.

Este escenario adverso no impidió que se reunieran, comenzando a “unir los terrores”, pese al amedrentamiento constante. Incluso, algunos familiares se contactaron tempranamente con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires, surgidas en 1977, Sonia Torres, referente histórica de Abuelas.

Luego de la dictadura el espacio siguió siendo una dependencia policial hasta el 2006, cuando se sancionó la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria, que se emplazó en el edificio del ex D2.

El lugar había sido modificado en su estructura desde su funcionamiento durante la dictadura, ya que los militares construyeron nuevos muros internos para confundir y contradecir los testimonios de quienes fueron testigos de los Juicios al Terrorismo de Estado. En marzo del 2007, un año antes de inaugurar el Sitio de memoria, se invitó a ex detenidos a derribar esas paredes.

La conquista de este espacio por la Comisión Provincial de la Memoria significó un hecho histórico en el proceso de lucha de los organismos de Derechos Humanos. La gestión de los Espacios de Memoria ha sido producto de muchos años de militancia y trabajo de los organismos de DD. HH., desde el advenimiento de la democracia en 1983 hasta la actualidad, y es considerada una conquista en la apertura de la memoria de la ciudad a otras capas temporales más cercanas a las violencias del terrorismo de Estado en la historia del siglo XX argentino.